Primeros rayos de luz de un largo camino

Cuando el abogado de Asel, Jaime Madariaga, interpuso la demanda contra el Estado chileno, contaban con una carta que jugaba a su favor: para entonces, en un caso que el propio Jaime Madariaga defendiera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había aceptado el caso de los lonkos (autoridades) mapuche Aniceto Norín y Pascual Pichun, y había presentado la denuncia contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, en 2014, la Corte condenaba a Chile, por haber basado su sentencia en motivos racistas. Casualmente, dos de los tres jueces que condenaron a los lonkos habían también formado parte del tribunal que condenara a Asel. Así que existían precedentes para sostener que dichos jueces se habían basado en prejuicios también en el caso de Asel, y no en argumentos jurídicos.

En casos así, el camino suele ser lento y, en 2016, llegó la hora para que la CIDH comenzara a estudiar el caso de Asel. Siguiendo el protocolo habitual, para 2018 el gobierno chileno había presentado sus argumentos ante la CIDH, y durante los siguientes meses Jaime Madariaga preparó su respuesta frente a dichos argumentos.

Mientras tanto, el viento comenzaba nuevamente a soplar a favor de Asel: en 2018, dentro de la operación Huracán, el Ministerio Público chileno había comenzado a investigar la actividad de Carabineros. Tirando del hilo, rápidamente se difundiría que Carabineros había formado una red para preparar montajes contra activistas mapuche y poder encarcelar comuneros bajo acusaciones falsas. Y, entre las personas encausadas en dicha operación, casualmente, aparecían algunos de los personajes que dirigieron el montaje en contra de Asel, como el fiscal Sergio Moya y varios agentes de Carabineros, entre ellos el capitán Héctor Carrasco de Labocar (Laboratorio de Carabineros), y los agentes de Sipolcar (Servicio de Inteligencia de Carabineros) Patricio Marín Lazo y Marco Gaete Truán.

El montaje denunciado por Asel, su abogado y su entorno tomaba cuerpo, aunque los medios chilenos hayan preferido desentenderse del tema. Así, su abogado ha podido dar cuenta de esa situación también en la respuesta enviada a la CIDH y, finalmente, hablar de montaje sin ambages.

Tras estudiar la respuesta de Jaime Madariaga, la CIDH dio todos sus argumentos por buenos y, en diciembre de 2019, ha resuelto a favor de la admisibilidad del caso, tras observar indicios de vulneración de los derechos humanos de Asel. De este modo queda dado uno de los pasos más difíciles: el caso está ya en manos de la CIDH. Sin embargo, el camino es aún largo. Estamos ante un nuevo comienzo que puede conducirnos hasta el final.

Además, mientras tanto, también ha habido ocasión para sorpresas desagradables. En febrero de 2019, Asel regresaba a Buenos Aires, después de vivir allí de 2012 a 2017, para ver de nuevo a sus amistades y presentar la tercera novela que le publicaban traducida a castellano. Pero en esa ocasión recibió una noticia que no esperaba. En primer lugar, al ingresar, en la aduana del aeropuerto de Ezeiza, los agentes tomaron su pasaporte y lo mantuvieron durante una hora en la Oficina de Migraciones, hasta que finalmente le permitieron pasar sin aclarar los motivos de su retención. Sin embargo, antes tuvo que dar cuenta de dónde se alojaría durante las siguientes tres semanas, por dónde se movería y en qué vuelo regresaría. Sorprendente, cuando Asel tiene permiso de residencia permanente en Argentina. La explicación se la darían cuando quiso tomar el vuelo de vuelta. Entonces, de nuevo, se llevaron su pasaporte y lo retuvieron veinte minutos en la Oficina de Migraciones. Enfadado por esos contratiempos, preguntó a los agentes por los motivos para tratarlo de esa manera y, por fin, llegaron las aclaraciones: el nombre de Asel figura en la lista de Interpol, por delitos relacionados con terrorismo, así que, hasta que Interpol les informa de que puede seguir adelante, no pueden permitirle cruzar la aduana. El mero hecho de aparecer en esa lista puede significar en algunos países que le denieguen la entrada y directamente lo pongan en un avión de vuelta a Europa, una espada de Damocles en adelante, que limita totalmente su libertad para moverse por el mundo.

Enfrentando la injusticia judicial
¿Y ahora?