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La CIDH reconoce indicios de violación de los derechos humanos en el caso del escritor vasco Asel Luzarraga y su caso avanza contra el Estado de Chile

2020-01-02
herediamarin, Fuga de Tinta

Están a punto de cumplirse diez años del mediático allanamiento y detención del escritor vasco Asel Luzarraga en Chile. El 31 de diciembre de 2009 aparecía en todos los medios de prensa el nombre de este escritor, presentado como un terrorista autor de diversos ataques explosivos en Santiago y Temuco. La información del allanamiento de su casa en Padre las Casas (Araucanía) y de su posible vinculación con varios bombazos iba acompañada de una caracterización que buscaba señalarlo inequívocamente como un peligroso terrorista: escritor vasco, anarquista, cantante punk y simpatizante de la causa mapuche, y una de las imputaciones que se le hacía era “introducir ideas foráneas en la juventud chilena”.  Cuestión que ese año, lamentablemente, no causó risa sino que lo mandó a la cárcel.

Luzarraga es un escritor vasco que se había manifestado abiertamente solidario con la lucha mapuche por la recuperación de sus tierras, y que en sus artículos y escritos no escondía su ideología anarquista. Eso le significó ser condenado y finalmente obligado a abandonar Chile. La acusación que originalmente hubo en su contra de haber colocado un artefacto explosivo quedó rápidamente desarmada y olvidada para el resto del proceso, pero se lo condenó igualmente por infracción a la ley de armas y explosivos, cuya única prueba era el contenido supuestamente hallado en su domicilio dentro de una bolsa; concretamente un extintor vacío, siete gramos de pólvora y algunas mechas. Respecto a dichas pruebas, el acusado y su abogado, Jaime Madariaga, que sigue al frente del caso (quien representó al Lonko Pascual Pichún en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la condena contra el Estado por violaciones al debido proceso), siempre manifestaron que aquellos objetos fueron plantados en su domicilio por Carabineros, como demostraban las propias fotografías tomadas durante el allanamiento y posteriormente manipuladas por sus agentes.

El fiscal del caso era Sergio Moya, quien negó la existencia de un montaje, pero evitó entregar la versión original de la fotografía que se usó para incriminar, impidiendo así que se pudiera cotejar la fecha y hora en que había sido tomada.  

La acusación de montaje parecía poco creíble para mucha gente en aquellos tiempos, pero hoy se sabe que el fiscal Moya y varios de los carabineros que estuvieron involucrados en el caso de Luzarraga están vinculados al caso Huracán, y tienen procesos judiciales en su contra por ese motivo.

Probablemente mucha gente haya olvidado este caso, pero no así la CIDH, ante la cual Jaime Madariaga presentó una denuncia en 2011 en nombre de su defendido. Ahora, a punto de cumplirse  diez años, la CIDH acaba de resolver la admisibilidad del caso, avalando lo que Luzarraga y su defensa siempre han mantenido, es decir, que los hechos relacionados con el allanamiento, expulsión del país y proceso penal en su contra podrían caracterizar violaciones a los artículos 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad), 13 (libertad de pensamiento y de expresión) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana.

El caso contó con mucha atención internacional así como apoyo por la liberación de Asel desde diversas latitudes de Latinoamérica y del país Vasco. Tanto los detalles de este como las reflexiones que Asel, en su labor como escritor y pensador, realiza de su periplo kafkiano al enfrentarse a todo el aparataje estatal y de los medios de comunicación se vieron reflejadas en un libro «Los Buenos no usan Paraguas. Desmontando un montaje, desnudando al Estado» que cuenta con una edición en Chile por parte de Editorial Quimantú y en Argentina por Cúlmine Ediciones.

Adjuntamos un enlace con la Resolución de Admisibilidad que adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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